Tuesday, May 3, 2011

Práctica como contrapunto (2)

Otro modelo político es posible
Alots Gezuraga, Errigoiti (Nabarra)


La fábula de “La rana hervida”: “Si tomamos una rana y la introducimos en un caldero de agua hirviendo, ésta inmediatamente saltará huyendo del peligro. Pero si ponemos la rana en agua a temperatura ambiente, y no la asustamos, se quedará tranquila. Cuando la temperatura se eleva de 21 a 26 grados, la rana no hace nada, e incluso parece pasarlo bien. A medida que la temperatura aumenta, la rana está cada vez más aturdida, y finalmente no está en condiciones de salir de la olla, hasta que podría morir hervida sin que, ni siquiera, intentara salir.
Es muy fácil reaccionar cuando las personas se enfrentan a un cambio brusco (la realidad manda, impulsa, mueve…), pero si estamos en nuestra zona de confort, es común que se toleren las molestias para no tener que enfrentar la situación incómoda de cambiar y cuando se es consciente de los cambios que se han producido alrededor y se pretende actuar, en ocasiones puede ser demasiado tarde. La mayoría de la gente está hipnotizada sin saberlo: no sabe nada de sí misma, no sabe qué debe cambiar, no sabe cómo cambiar su situación de insatisfacción e infelicidad”.

Observando la capacidad de encajar con un simple encogimiento de hombros la situación económica y política actual por la que pasa nuestro pueblo, quisiera hacer una serie de reflexiones, las cuales podrían parecer una “Utopía” como la Tomás Moro o la búsqueda de un gobierno perfecto como en “La República” de Platón, si no fuera porque son algo que, en gran medida, han sido la base de nuestra historia política más reciente y pasada.

El modelo totalitario fascista-español, se actualizó sin cambiar nada esencial, incluso los dos modelos se llamaron igual: “democracia”, el primer modelo se llamó así mismo “democracia orgánica” y el actual se puede llamar “democracia de partidos o partitocracia”; los dos están a la misma distancia de la democracia o la soberanía del pueblo y ninguno de los dos es el “mejor modelo posible”, ni mucho menos, ni siquiera es un modelo exportable, en mi opinión, a una Nabarra libre.

Los partidos políticos no sirven más que para sus logros particulares, es más, no pueden representar al pueblo frente al Estado-gobierno como debería de ser su función, pues es el Estado el que les paga. La diferencia ideológica entre partidos es más teórica que real, y, en todo caso -la mayoría de las veces-, sin aplicación práctica de esas diferencias. Además, cuando parece que las hay, como la “ley del aborto” por ejemplo, en realidad no hacen más que representar una farsa, pues al llegar al gobierno, la supuesta “oposición” no cambia esa ley.

Estas reflexiones son perfectamente aplicables a los partidos posicionados para sacar votos de las naciones colonizadas pero con igual fin: participar en las instituciones imperialistas sin recato alguno, por tanto se convierten en agentes necesarios del imperialismo, el cual los maneja a su antojo: los “ilegaliza-legaliza-legaliza parcialmente” según sus propios intereses, siendo herramientas que usan para continuar su colonización y su objetivo irrenunciable: la exterminación del pueblo colonizado, nosotros. Los imperialistas los tienen tan controlados, los manejan tan fácilmente y los tienen mentalmente tan “hervidos”, que, incluso después de ilegalizarlos, siguen participando en las elecciones españoles en nuestras tierras pidiendo el voto nulo o en blanco: con lo que legitiman el resultado, las reglas de juego que les imponen y por tanto su propia ilegalización.

Pero la cuestión de la partitocracia va más allá del imperialismo que nos toca sufrir día a día: el modelo partitocrático crea clientelismo de mucha gente hacia los partidos y de una gran parte de la economía, es campo abonado para la corrupción y la falta de democracia. Todo poder político tiende al totalitarismo si carece de un control efectivo, del mismo modo que todo gobierno tiende a la corrupción si no tiene el contrapoder del pueblo, así, cuanto más corrupción hay en un Estado, es señal de una menor democracia en el mismo (o la falta de ésta), y, al contrario, un mayor control del pueblo al gobierno, redunda en un gobierno más eficiente en resolver los problemas del conjunto de la sociedad y en un modelo verdaderamente democrático.

La sociedad Nabarra, una vez libre del imperialismo, debería de tener una impronta propia partiendo de lo que ya consiguió en los más de mil años de libertad (desde la caída del Imperio Romano Occidental hasta 1610). Una sociedad nabarra libre futura, debería de tener al menos un esquema parecido al que se describe a continuación (mejorable entre todos):

El individualismo es un elemento de gran valor, pero el ciudadano aislado y/o desunido es pasto del gobernador de turno, ¡qué más quiere un gobernante para campar a sus anchas que no tener un control efectivo por parte del pueblo!¡qué más quiere un gobierno o el mundo empresarial que tener ciudadanos desunidos o unidos en partidos políticos y sindicatos que controlan a sus anchas!.

La sindicación debe de ser obligatoria pero sin ayudas gubernamentales, su mantenimiento saldría de la propia nómina del empleado sin que haya más que un sindicato; pero, a diferencia del “sindicato vertical fascista-español” por ejemplo, éste tipo de sindicato sólo dependería de las aportaciones de los trabajadores y sería un control eficaz al empresario y al gobierno de los intereses del trabajador. Este sindicalismo carece de personal en nómina, no requiere de aparato burocrático alguno, en realidad no es más que un montón de comités de empresa, sólo cabría un servicio de asesoramiento jurídico independiente que saldría de las cuotas pagadas y a nivel nacional, con sus ramificaciones provinciales o comarcales, aunque cabrían convocatorias conjuntas de manifestaciones o paros de forma espontánea si se tuviera la necesidad. El control de las medidas que el gobierno pueda tomar que no favorezcan a los trabajadores, se harían vía referéndum como veremos. No se puede defender al trabajador si al defensor lo paga el gobierno, que es a su vez parte interesada en el conflicto, muchas veces incluso como empresario (empresas estatales donde las hubiera). No existe, hoy por hoy, una “clase obrera” como existía en el siglo XIX en la época de Marx y Engels, sino un “pueblo trabajador”.

Un peso mínimo del gobierno-Estado en la economía sería otro factor a potenciar. Este nuevo modelo económico-social (político) debe de empezar por el mismo sector público: servicio público pero gestión privada de todos de los servicios, es decir: una asignación concursal y control de cuentas y de la gestión. Sanidad pública de gestión privada, Mutuas privadas del trabajo controladas por la administración pública, contratación mediante concurso de un gabinete de arquitectos para las obras públicas que se acometan por 4 años, ikastolas concertadas pero de gestión privada o económicamente independientes (cooperativas de padres) y donde el temario que se enseñe sea el que nos interesa como sociedad -incluyendo nuestra historia que ahora no se enseña- etc.

Esto significa un gran ahorro de impuestos al ser innecesaria la gran masa funcionarial, lo que supondría un gran aumento de la productividad nacional, además de que se ganaría en democracia: la masa funcionarial es dependiente del Estado y un gran lastre democrático al estar plegado a los intereses de sus superiores y dueños: el Estado-gobierno. Una masa funcionarial tan grande como la actual es innecesaria, la función de los políticos debe de ser meramente fiscalizadora de las partidas presupuestarias asignadas mediante concurso para la gestión privada de los servicios públicos, incluida la propia administración pública, para ello no se requieren de tantos funcionarios, al contrario, es conveniente su reducción a la mínima expresión.

Pero, la diferencia más sustancial, vendría de la participación efectiva del pueblo en el poder mediante el control de todo el sistema político estatal. El modelo político debería de prescindir del viejo y totalitario modelo de partidos políticos. Los partidos políticos nabarros no cabrían en su sentido tradicional como hemos dicho. El modelo sería una actualización del derecho pirenaico, así, de cada fuego o casa saldría un voto para que cada Comunidad de Vecinos tenga un representante -al igual que se hace hoy en día-, el cual acudiría a la Comunidad de Barrio o “Auzolan” de ciudad frente al tradicional “Auzolan” o Concejo de las zonas rurales que seguirían igual que en las zonas del agro nabarro donde perviven. Ésta es la base del sistema político nabarro. Para pasar al siguiente cargo, se requeriría siempre un mínimo acreditado de 5 años en el cargo inmediatamente anterior.

Entre los representantes de los Auzolanes saldría candidatos a alcalde de cada municipio, aplicando siempre el derecho pirenaico y por 5 años, siendo los elegidos sustituidos en su puesto en el Auzolan por otros (se haría igual en los diferentes niveles políticos). Sólo cabría repetir 2 veces en cada cargo a partir de alcalde. El alcalde nombraría a 5 ediles que trabajen con él, los cuales saldrían entre los candidatos de los diferentes Auzolanes: urbanismo, administración pública y tres para otros servicios: transporte-movilidad, sanidad y cultura-educación (o similares). Como hemos dicho, toda la gestión será la adjudicación de todas las obras y de todos los servicios públicos así como su posterior control, incluidos todos los trámites de un municipio.

Los alcaldes de cada ayuntamiento se reunirían en las Merindades o Cuadrillas (en Bizkaia había históricamente seis merindades, que eran: Arratia-Bedia, Busturia, Durango, Markina, Uribe y Zorroza, pero hoy por hoy cabría hacer otras). Los presidentes de las merindades (merinos) o de las Cuadrillas, configurarían las Juntas Provinciales, siendo las provincias o tenencias en función de las demarcaciones históricas, buscando las económica y socialmente más interesantes para el país, sin tener que coincidir con las actuales -fruto de la violencia imperialista-. Un ejemplo de las provincias (antiguas tenencias) de los que hablo, podría ser en el caso de Bizkaia: las Enkartaciones en su sentido amplio –todo el territorio al Occidente del río Nervión hasta Castro Urdiales y el Valle de Mena-, Bizkaia nuclear, Duranguesado hasta Eibar y la tenencia de Aitzorrotz (Alto Deba) junto con Aramaiona; todo ello buscando un mejor funcionamiento y un acercamiento de la administración al ciudadano.

Las funciones de las Juntas Provinciales serán las históricas de las Diputaciones Provinciales Forales, menos la recaudación de impuestos, donde habría un único organismo pero con representación provincial y con una escala progresiva de impuestos: se buscaría una gran clase media-alta de ciudadanos siguiendo el modelo escandinavo. Los miembros de Hacienda sí serían funcionarios, pero serían controlados por las Diputaciones Provinciales.

El Gobierno del Estado, saldrá de una votación donde participarán todos los que cumplan las condiciones de ser nacionales según la Constitución que nos demos el día después de ser de nuevo libres. A estas elecciones es inadmisible que se presenten partidos políticos, lobbies o similares, que sólo se representan a sí mismos y son incapaces de sobrevivir sin la financiación del Estado, por tanto, incapaces de representar al pueblo. Los candidatos saldrán, en una primera votación, al menos uno por cada provincia, por tanto, con una experiencia previa en un puesto similar y anterior en el escalafón jerárquico-político, pudiendo presentar su candidatura sólo durante dos elecciones. El Consejo de ministros lo conformarán 5 de los miembros de los Juntas Provinciales a elección del Presidente del Gobierno.

Las campañas electorales son sólo para la alcaldía y el gobierno de la nación y serían financiadas con dinero público, donde participarán todos los candidatos por igual y con el mismo tiempo en los medios de comunicación durante un máximo de 10 días.

El sueldo de los políticos a partir del Alcalde, debe de ir acorde con los siguientes parámetros: un fijo bajo y un variable muy alto según proyectos cumplidos (incluidos los prometidos en campaña). Una consultoría externa emitiría un informe del patrimonio de cada cargo antes y después de cada legislatura a partir del alcalde, y otro informe sobre las desviaciones entre los presupuestos-proyectos y satisfacción general sobre ellos de la ciudadanía. Esta consultoría sería siempre extranjera y mundialmente reconocida y por sólo por 5 años para evitar clientelismos-corrupción. Cada una de las administraciones intermedias: Auzolan, Ayuntamiento, Cuadrilla-Merindad y Junta Provincial, tendrán un presupuesto para sus necesidades en función de su población corregido con su extensión.

En paralelo, una Junta de ancianos o Batzarre, haría las funciones de un “gobierno de la República”, con sus mismas atribuciones, con la vigilancia de la marcha del país en base a la “costumbre” que en nuestro caso es sinónimo de igualdad ante la ley y democracia, así como la ayuda en la buena gobernación del país desde su experiencia. Este órgano se iría constituyendo con los diferentes Jefes de Estado hasta que cumplan los 75 años, pudiendo internamente nombrar a alguien, por el interés del país, miembro del mismo (pero que luego debería de ser aprobado por el pueblo en referéndum). Su lema será el de los Infanzones nabarros: “Pro libertate Patria, gens libera state”.

Se harán referéndums vinculantes al menos 3-5 veces al año mediante los mecanismos informáticos más actualizados posibles y sobre temas que decida el Batzarre y no el Gobierno de turno, pudiendo la ciudadanía realizar referéndums reuniendo las firmas de un 5% de la población en edad de votar o propuestas para nuevos miembros del Batzarre (cabría también poner una cifra, como 100.000 firmas).

El poder judicial sería totalmente independiente del legislativo y del ejecutivo, no cabría ningún tipo de nombramiento por parte de éstos.

Todo poder político se basa en el poder militar. Un Estado como el español, donde la soberanía descansa en el ejército (art. 8 de su Constitución), el cual responde a su vez ante el jefe de Estado, por definición, es imposible considerarlo una democracia o soberanía del pueblo. Quien controla el ejército es el soberano de un Estado o el que tiene “la última palabra”, por tanto el pueblo debe de controlar su ejército en una democracia.

Pensar que cuando consigamos la libertad los imperialistas no van a intentar invadirnos de nuevo, no es realista y va contra su propia naturaleza depredadora. Un ejército profesional en nuestro caso tiene dos problemas importantes: es demasiado caro si lo mantenemos en un número suficiente de efectivos para hacer frente al imperialismo (España tiene 130.00 soldados profesionales, Francia aún más) y si el pueblo no controla su ejército, éste puede volverse un arma del gobierno contra la voluntad del pueblo (una dictadura). Por tanto, un modelo con un pequeño ejército profesional económicamente sostenible por nuestro país, debe de estar acompañado de un pueblo armado como estuvimos siempre cuando se aplicaba el derecho pirenaico, un modelo como el que tiene actualmente Suiza, por ejemplo. La única insumisión que un nabarro puede y debe practicar es: al imperialismo.

Este modelo es extensible a todos los Estados baskones invadidos o libres en una “República de Estados pirenaicos libres”, todos ellos de base baskona y nabarra, a saber: Nabarra hasta Atapuerca, Bearn, Gascuña, Aragón y Andorra, los cuales pueden formar una República federal de países pirenaicos libremente adheridos, por tanto, rompible en cualquier momento y unilateralmente.

Todo lo aquí relatado, no es más que un intento de actualizar el modelo que ha existido en nuestro país durante los siglos que fuimos libres y después mientras pudimos defenderlo frente al modelo partitocrático-totalitario que nos impusieron los imperialistas franceses tras su revolución (s. XVII) y los españoles tras las sucesivas derrotas forales en el siglo XIX (salvo durante las diferentes dictaduras) y en el que nos van “hirviendo como a ranas”, es por tanto un modelo mejorable entre todos, pero es, ante todo, un modelo democrático para que el pueblo sea libre, incluso después de conseguir liberar nuestro Estado del yugo imperialista.
 

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